Extensión del estado de excepción retrasa la reforma constitucional en Bolivia

La continuación del estado de excepción, que se inició el 19 de septiembre de 2023, ha pospuesto el inicio de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) hasta al menos 2027, cuando se espera que se realice el referéndum correspondiente en el segundo semestre de 2028.

El presidente del Senado, Diego Ávila, estimó que el proceso completo de reforma constitucional podría completarse hacia finales de 2027, con la consulta popular programada para septiembre y octubre de 2028.

El 17 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó, con 100 votos a favor, un decreto que extiende el estado de excepción por 90 días adicionales, es decir, hasta el 17 de diciembre de 2023. Esta medida fue solicitada por el Ejecutivo para evitar posibles disturbios provocados por grupos radicales.

El Gobierno justifica esta extensión del estado de excepción como necesaria para garantizar la estabilidad social y económica del país, mientras que la reforma constitucional ha pasado a un segundo plano en la agenda legislativa.

• Ley de Justicia, por Juan Del Granado (Unidad)
• Reforma parcial de la CPE, por Carlos Alarcón (Unidad)
• Reforma constitucional "Para salvar Bolivia", bancada de Libre
• Reforma para fortalecer las autonomías y descentralización de competencias
• Reforma a la CPE para el fortalecimiento de las autonomías

Legisladores de la bancada Libre advierten que la continuación del estado de excepción obstaculiza la posibilidad de implementar reformas que serían cruciales para atraer inversiones, lo que podría derivar en una crisis energética en el país.

Carlos Alarcón, diputado de Unidad, enfatiza que la postergación de la reforma constitucional tiene repercusiones directas en el sector energético, alertando sobre un inminente colapso si no se encuentran nuevas reservas de gas.

"Si se posterga la reforma constitucional, las consecuencias pueden llegar a ser fatales", expresó José Manuel Ormachea, senador de Libre.

Por otro lado, el presidente del Senado sostiene que el estado de excepción no impide que se realicen trabajos preparatorios para la reforma, como el establecimiento de mesas técnicas para debatir temas de autonomía, pacto fiscal e inversiones.

Según el constitucionalista Carlos Börth Irahola, la CPE prohíbe cualquier tratamiento de reformas mientras el estado de excepción esté vigente, lo que significa que el proceso legislativo se verá afectado hasta que esta situación cambie.