El Gobierno defiende el DS 5676 ante la crisis de abastecimiento de diésel

José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, justificó el Decreto Supremo 5676, afirmando que este debe analizarse en el contexto de una crisis internacional que afecta el suministro y los precios del diésel. Resaltó que la guerra y la destrucción de infraestructuras a nivel global han mermado la capacidad de refinación y encarecido el diésel en relación al crudo.

Gálvez hizo hincapié en que Bolivia, que importa cerca del 91% del diésel que consume, no puede seguir comprando a precios internacionales elevados y venderlo a un precio interno de Bs 9,80, lo que provoca distorsiones en el mercado. "¿Qué hacemos si lo más barato que podemos traer es a Bs 18?", cuestionó durante su intervención en un programa de televisión.

Según datos de YPFB, para 2025, el diésel en el país se conforma principalmente por biodiésel e importaciones, siendo estas últimas alrededor del 90.85% de la oferta total. Esta alta dependencia implica que cualquier fluctuación en los precios internacionales o problemas logísticos afectarán directamente al mercado boliviano.

El DS 5676, promulgado el 16 de agosto, establece un precio referencial de Bs 18 por litro para ciertos consumidores que compren en grandes volúmenes, mientras que el precio regulado para el consumidor final se mantiene en Bs 9,80. La medida busca erradicar prácticas como la reventa de diésel barato a precios mucho más altos en el mercado paralelo.

El vocero también subrayó que el Gobierno no tiene intención de perpetuar el actual modelo de comercialización de YPFB, reconociendo que no es sostenible. Además, mencionó que esta situación ha generado espacios para la corrupción y la reventa, donde algunos actores se benefician del diferencial de precios.

Gálvez manifestó que simplemente derogar el DS 5676 no solucionará el problema de fondo. En su lugar, el Gobierno busca una solución estructural que garantice el suministro de combustible, disminuya las distorsiones en el mercado y permita una mayor participación del sector privado.

Desde la perspectiva de la agroindustria, el diésel es crucial para la producción. Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO, advirtió que cualquier aumento en el precio del combustible repercutirá en los costos de los alimentos. La CAO sostiene que el Gobierno no debe trasladar los impactos de la crisis de abastecimiento a los productores, quienes ya enfrentan dificultades en la cosecha y la preparación de terrenos para la nueva campaña agrícola.

Las distintas visiones entre el Gobierno y la CAO evidencian un choque. Para el primero, el desafío radica en la brecha entre el precio interno y el costo internacional, que fomenta el contrabando y la corrupción. Para el segundo, la respuesta del Gobierno perpetúa el desabastecimiento y encarece el diésel para quienes requieren grandes volúmenes.