Dudas sobre el nuevo proyecto de Ley de Inversiones: un análisis crítico

Omar Rilver Velasco Portillo, analista económico, ha manifestado su preocupación respecto al nuevo proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno. Según Velasco, existen seis puntos críticos que podrían dar lugar a contradicciones y a la confusión sobre la implementación de la norma.

Uno de los aspectos más cuestionados es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Velasco se pregunta cuál será el papel de esta agencia durante los 120 días fijados para la elaboración del Plan de Inversiones, lo que genera incertidumbre sobre su funcionamiento y relevancia.

Además, el analista critica los incentivos que se ofrecen a empresas transnacionales, señalando que el proyecto no establece requisitos mínimos que las empresas deben cumplir en términos de inversión, generación de empleo, transferencia de tecnología o retorno de divisas al país. Esto podría facilitar la llegada de capital extranjero sin condiciones favorables para Bolivia.

Otro de los puntos que suscita inquietud son las exenciones fiscales que se prevén en la ley, como las relacionadas con el IVA y el Gravamen Arancelario, así como los créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas exenciones podrían resultar en una disminución de los ingresos fiscales sin una estrategia clara para compensar dicha pérdida.

Asimismo, el analista destaca la preocupación sobre la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan transferir utilidades y dividendos al exterior. Según su análisis, la norma no contempla niveles mínimos de reinversión en Bolivia ni mecanismos que aseguren el retorno de divisas generadas por las exportaciones.

Finalmente, Velasco menciona la participación de la Asamblea Legislativa en la aprobación de los contratos de inversión, señalando que la norma permitiría al Ejecutivo ratificar contratos sin la debida intervención del Legislativo, lo cual contraviene lo establecido en la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea.

El proyecto también contempla que el Gobierno utilice recursos públicos para financiar programas de crédito, garantías y coinversión en el sector privado, lo cual es cuestionable dado el actual déficit fiscal que enfrenta el país.