Deuda tributaria de empresas públicas asciende a Bs 8.100 millones

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) ha señalado que diversas empresas estatales enfrentan una carga de aproximadamente Bs 8.100 millones en deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esta situación se agrava, ya que muchas de estas obligaciones no están reflejadas en los estados financieros de las entidades implicadas.

Pablo Camacho, director ejecutivo de la OFEP, mencionó que el monto fue determinado a partir de un exhaustivo análisis de información junto a varias entidades estatales, como el Banco Central de Bolivia y el SIN. Esta evaluación es parte de un diagnóstico más amplio sobre el estado financiero y jurídico de las empresas públicas, establecido tras la promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 reformulado.

Impacto financiero general de las empresas públicas

La OFEP también detalló que las empresas estatales no solo enfrentan deudas tributarias, sino que igualmente deben a bancos, el Tesoro, la Gestora Pública y proveedores. Camacho destacó que esta problemática refleja una situación financiera crítica y compleja, en la que las empresas no solo tienen pérdidas acumuladas, sino un deterioro patrimonial considerable.

El análisis abarcó 67 empresas públicas, donde se identificó que solo YPFB, ENDE y Comibol reportaron utilidades, mientras que el resto ha acumulado pérdidas. En particular, más de 20 de estas entidades están en situación crítica, e incluso algunas se encuentran en quiebra técnica.

Este diagnóstico ha sido presentado al Ejecutivo y se espera que el Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP) convoque a una reunión para evaluar la situación. Camacho expresó la urgencia de esta convocatoria para abordar las inquietudes planteadas en el informe.

"Estamos a la espera de que el Consejo Superior de Empresas Públicas convoque a una reunión de manera urgente. Nosotros hemos enviado la información al presidente, que en este caso es el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo".

El economista Germán Molina alertó sobre la necesidad de que el Estado analice si es viable seguir manteniendo empresas que generan pérdidas continuas. Sugirió que una opción para evitar cierres sería fomentar la participación del sector privado, aunque esto no resolvería de inmediato las dificultades en las empresas más afectadas.