POLICIAL Detención del exsecretario de Finanzas de Jhonny Fernández por malversación de fondos
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha confirmado la aprehensión de Mario Centellas, quien se desempeñó como secretario de Finanzas durante la administración de Jhonny Fernández. Esta medida fue emitida por el Ministerio Público, y Centellas será llevado ante un juez para definir su situación legal.
La investigación se centra en una presunta malversación de aproximadamente 200 millones de bolivianos, que habían sido destinados a la construcción de un viaducto y otras obras municipales. José Luis Coplot, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, explicó que no solo faltan las obras prometidas, sino que también el dinero correspondiente a los créditos solicitados.
El funcionario municipal indicó que se solicitará la detención preventiva de Centellas, señalando que hay riesgos en el proceso investigativo. Además, manifestó que la pesquisa podría llevar a identificar a otros posibles implicados en este caso, incluyendo al exalcalde Jhonny Fernández.
Investigación y posibles consecuencias legales
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, corroboró la aprehensión de Centellas en el marco de la investigación relacionada con la construcción del viaducto en el cuarto anillo y la doble vía a La Guardia. Zeballos indicó que tras la declaración de Centellas y el análisis de las pruebas recogidas, se determinaron indicios de malversación y otros delitos.
La investigación se enfoca en los fondos obtenidos mediante créditos en 2023, que ascienden a entre 199 y 200 millones de bolivianos. La Fiscalía está realizando auditorías financieras para esclarecer el uso de estos recursos y determinar si realmente hubo un daño económico al Estado.
Las personas que han cometido y han administrado mal las arcas del Estado, en este caso del gobierno municipal, tendrán que responder por el daño causado.
El proceso también contempla acciones legales para la recuperación de los fondos mal administrados, comenzando con la vía penal y luego acciones civiles para subsanar el daño causado a la administración pública.
