Cuatro décadas después de Huanchaca, Bolivia enfrenta un narcotráfico más violento y complejo

Cuarenta años atrás, el asesinato de Noel Kempff Mercado puso al descubierto las operaciones del narcotráfico en Bolivia, revelando una estructura criminal capaz de establecer fábricas de cocaína y llevar a cabo asesinatos a quienes se interpusieran. En la actualidad, el panorama es más complicado, ya que el narcotráfico se ha descentralizado en múltiples redes que manejan la producción, el tránsito y el lavado de dinero, generando una sensación de inseguridad y disputas territoriales.

Joadel Bravo, penalista y exfiscal, advierte que la principal amenaza radica en que el crimen organizado podría consolidarse como una potencia económica y territorial, lo que podría allanar el camino hacia la formación de un narcoestado en Bolivia.

El trágico evento de 1986, donde Kempff y dos acompañantes fueron asesinados en la meseta de Caparuch, reveló la existencia de una fábrica de cocaína. Aunque se condenó a dos responsables, jamás se descubrieron a los dueños o los autores intelectuales de la masacre. Además, el diputado Edmundo Salazar Terceros, quien investigaba el caso, fue asesinado poco tiempo después, sin que se hiciera justicia.

A lo largo de estos 40 años, Bolivia ha mejorado sus capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reportó 7.546 operativos realizados, 2.187 personas arrestadas, la incautación de 16,29 toneladas de cocaína y la destrucción de 446 fábricas de drogas. Sin embargo, estas cifras también reflejan un entorno criminal más estructurado.

Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, destaca que el país ha pasado de ser productor de hoja de coca y pasta base a convertirse en un punto clave para el procesamiento y la fabricación de cocaína, además de ser una ruta para el tráfico internacional. A esto se suman actividades como el contrabando y la minería ilegal, que se entrelazan con el narcotráfico.

Oporto señala que la debilidad del Estado, el escaso control territorial y la infiltración de instituciones por parte de grupos criminales han contribuido a la complicada situación actual. La Policía y la Justicia han sido permeadas, y las fronteras poco vigiladas dificultan la lucha contra el crimen organizado.

Santa Cruz se ha convertido en un foco de atención debido a su proximidad con Brasil y Paraguay, convirtiéndose en un refugio para narcotraficantes. La captura de Sebastián Marset evidenció la capacidad del narcotráfico para establecer operaciones logísticas y de seguridad. Tras su arresto, el viceministro Ernesto Justiniano advirtió que, por cada Marset capturado, podría haber otros en espera de actuar.

La investigación policial ha revelado una lucha por el control de territorios, destacando la presencia de organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho. Hasta septiembre de este año, se habían registrado 46 muertes en 37 incidentes que podrían estar relacionados con el narcotráfico, aunque no todos los casos son atribuibles directamente a esta actividad criminal.

La violencia actual marca un claro contraste con el pasado. Si bien en 1986 Bolivia se dio cuenta de la existencia de narcotraficantes poderosos, hoy enfrenta una red descentralizada y transnacional que busca dominar territorios y mercados. Bravo acentúa la necesidad de evitar que el narcotráfico se convierta en una alternativa de poder económico y estatal.

La masacre de Huanchaca dejó abiertas preguntas sobre las personas detrás de este negocio y quienes lo protegían. Aún queda un largo camino por delante para desmantelar las redes de protección y los flujos de dinero que sostienen esta estructura criminal.