Bolivia se enfrenta a una nueva temporada de incendios sin avances en la modificación de leyes controversiales

El país entra nuevamente en la temporada crítica de incendios, con un saldo alarmante de al menos 7.500 hectáreas devastadas, especialmente en Tarija y el parque Otuquis. A pesar de las denuncias de organizaciones ambientales sobre las denominadas 'leyes incendiarias', los esfuerzos por abrogar estas normas continúan estancados en la Asamblea Legislativa.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reportó que alrededor de 5.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en varias comunidades de Tarija. Ante esta situación, la Gobernación ha declarado una emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, mientras que la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades por los incendios.

En Santa Cruz, el incendio más grave se registra en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde aproximadamente 2.538 hectáreas han sido afectadas. Además, hay focos de fuego en otras localidades como Pailón, Porongo y San Matías, complicados por condiciones climáticas adversas como fuertes vientos y escasez de agua.

Hasta el momento, no se ha logrado avanzar en la revisión de las leyes que facilitan quemas y desmontes. La diputada Cecilia Requena, de la bancada Unidad, indicó que todos los intentos por abrogar dichas normas han quedado estancados en el ámbito legislativo. Resaltó que, aunque algunas propuestas fueron aprobadas en el Senado en legislaturas anteriores, no han podido ser discutidas en la Cámara de Diputados.

Una de las leyes en cuestión es la Ley 1171, que regula el uso de quemas y estipula sanciones por quemas no autorizadas. A pesar de que su abrogación fue recomendada, los intereses de sectores productivos han frenado su avance. Requena también cuestionó la efectividad de las multas impuestas, que son tan bajas que muchos infractores prefieren pagarlas como una inversión para habilitar terrenos, lo que indica una falta de control efectivo en la aplicación de sanciones.

Otra norma pendiente es la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras comunitarias y propiedades pequeñas, cuya abrogación fue aprobada en el Senado pero que aún no ha culminado su trámite legislativo. Para Requena, la simple eliminación de estas leyes no es suficiente si no se promulga una nueva Ley de Bosques que cierre vacíos legales y fomente prácticas agrícolas sostenibles.

La situación es alarmante, considerando el desastre del año 2024, cuando las llamas arrasaron 12,6 millones de hectáreas, con un 68% de esa cifra en territorio cruceño. Requena advirtió que los incendios se agravan por el cambio climático y condiciones como sequías extremas, subrayando que la respuesta no debe limitarse a la extinción de incendios, sino incluir medidas preventivas y un cambio en las políticas de uso de la tierra.

Mientras el debate legislativo se encuentra estancado, los incendios vuelven a amenazar a bosques, áreas protegidas y comunidades, lo que resalta la urgencia de una acción coordinada y efectiva.