POLICIAL Aumenta la violencia en San Ignacio: al menos 10 asesinatos en lo que va del año
En el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, se han registrado al menos diez homicidios a balas en lo que va del año 2026, según informes de Bolivia Verifica y datos de la Policía. Esta alarmante cifra ha llevado al Gobierno a intensificar la presencia de fuerzas del orden en esta región fronteriza con Brasil.
Los cuatro casos más recientes ocurrieron entre el 13 y 14 de septiembre, donde cuatro personas fueron asesinadas en menos de dos días. Dos de las víctimas fueron atacadas en sus casas durante la madrugada del 13 de septiembre, mientras que otras dos murieron en un segundo domicilio al día siguiente. Se informó que, en uno de estos casos, los agresores confirmaron la identidad de la víctima a través de una videollamada antes de llevar a cabo el ataque.
Investigaciones y detenciones en curso
Las autoridades policiales han identificado a siete presuntos miembros de una célula vinculada al Comando Vermelho, organización criminal brasileña que presuntamente estaría detrás de estos asesinatos. El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, ha indicado que estos crímenes podrían estar relacionados con disputas entre grupos de narcotráfico.
Hasta ahora, seis ciudadanos brasileños y un adolescente boliviano han sido aprehendidos por su supuesta participación en estos hechos. La Fiscalía y la Policía están llevando a cabo investigaciones por delitos de asesinato, organización criminal, y tráfico de armas, mientras que los brasileños han sido enviados a detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
En respuesta al aumento de la violencia, el Gobierno ha desplegado unidades de la F-10, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía en la zona. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la formación de una nueva unidad policial especializada que operará en el corredor entre San Ignacio de Velasco y San Matías, que contará con equipamiento y tecnología avanzada, además de apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos.
Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de los asesinatos, identificar a quienes los ordenaron y la conexión entre los diversos crímenes. Aunque se han señalado relaciones con organizaciones criminales brasileñas, aún no hay sentencias que determinen responsabilidades penales claras en estos casos.