Municipios avanzan en la devolución del 12% del IDH mientras debaten el 50/50

Los municipios de Bolivia están optimistas respecto a la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a sus arcas, con la expectativa de que este reintegro se vea reflejado en el presupuesto general del Estado (PGE) de 2027. Sin embargo, las negociaciones sobre el modelo de distribución 50/50 y el retorno de competencias al gobierno central siguen en curso.

Jhonny Torres, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), comunicó que las asociaciones municipales se reunieron para analizar los avances de las mesas técnicas establecidas tras un encuentro con autoridades del Gobierno en La Paz, y para definir los procedimientos necesarios para implementar los compromisos acordados.

Sobre la devolución del IDH, Torres indicó que se ha alcanzado un consenso político, y ahora se debe determinar cómo serán incluidos esos recursos en los presupuestos de los municipios. Aclaró que la asignación será proporcional a lo que cada entidad aporta, subrayando que nadie podrá recibir más de lo que le corresponde.

El acuerdo alcanzado el 27 de agosto establece que el 12% del IDH que fue descontado a los municipios desde 2016 será devuelto a sus presupuestos a partir de 2027. En esa misma reunión, se propuso continuar con las discusiones sobre la equitativa distribución de recursos públicos y la progresiva devolución de competencias.

Sin embargo, Torres advirtió que el tema del 50/50 requiere de una negociación más exhaustiva, ya que implica la distribución general de los recursos públicos del país. Esta propuesta es parte de un debate más amplio sobre un nuevo pacto fiscal, que aún no tiene una fórmula definitiva para su implementación.

Otro tema relevante en discusión es la devolución de competencias, ya que los municipios han asumido responsabilidades que son propias del gobierno central, lo que ha afectado significativamente sus presupuestos. Torres mencionó que cargas como los programas Nutribebé, Nutrimamá, y otros beneficios sociales, son algunas de las obligaciones que actualmente asumen las alcaldías.

Torres explicó que las competencias que han sido transferidas a las alcaldías mediante decreto podrían ser eliminadas directamente por el Ejecutivo, mientras que las establecidas a través de leyes deben ser revisadas por la Asamblea Legislativa. La FAM planea continuar sus negociaciones con los ministros en Santa Cruz para conocer el avance en cada mesa técnica y definir cómo se implementarán los acuerdos.

"Hay competencias que se han trasladado a los municipios vía decreto supremo. Eso el Gobierno puede eliminar de inmediato".