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Roxana Lizárraga Vera, con antecedentes de corrupción, defiende a Fernando Cerimedo

· Julio Salvatierra

Roxana Lizárraga Vera, conocida por haber sido ministra de Comunicación durante el Gobierno de Jeanine Áñez, tiene antecedentes de corrupción que la vinculan con sentencias ejecutoriadas en Bolivia. Su esposo, Ramiro Vega, recientemente asumió la defensa de Fernando Cerimedo, lo que ha generado controversia en el ámbito político.

Uno de los casos más relevantes es el que se refiere a un enriquecimiento ilícito que perjudicó al Estado. Según documentos judiciales, Lizárraga habría realizado 182 depósitos bancarios irregulares que suman un total de Bs 247.072, sin poder justificar su origen, lo que llevó a un tribunal anticorrupción de La Paz a condenarla a cuatro años de prisión el 15 de agosto de 2024.

Además, su nombre aparece en el llamado “Caso Gases”, que investiga la compra irregular de agentes químicos durante su gestión. En febrero de 2025, el Gobierno reveló una nueva sentencia que la condena junto a otros exministros, incluido Arturo Murillo, por causar un daño económico al Estado superior a 2 millones de dólares.

Este contexto es crucial en el momento en que Ramiro Vega, al defender a Cerimedo, ha puesto en duda la legitimidad de las acciones del Ministerio Público, sugiriendo que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia política. Este argumento resulta similar a las defensas que Lizárraga utilizó en su tiempo como funcionaria, aunque se subraya que las acusaciones contra Cerimedo deben ser evaluadas por las autoridades competentes, respetando el principio de presunción de inocencia.

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