Extinción del caso penal por el paro de 2022 genera críticas de Santistevan

El caso penal que se había iniciado contra cinco figuras prominentes de la región cruceña, relacionado con el paro de 36 días que tuvo lugar en 2022, fue oficialmente extinguido este viernes. Después de más de tres años de indagatorias, la decisión pone fin a un proceso que había generado gran controversia en el ámbito político y social.

La acción judicial se derivó de una denuncia presentada el 11 de noviembre de 2022, durante una intensa movilización en Santa Cruz, que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda. Entre los acusados se encontraban el exgobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santistevan, quien formaba parte del Comité Interinstitucional que organizó la protesta.

José Luis Santistevan, uno de los implicados, criticó abiertamente la manera en que se llevó a cabo el proceso judicial. Según su perspectiva, las acusaciones no llegaron a ser sometidas a un juicio oral debido al transcurso del tiempo, lo que él considera un uso indebido de la justicia por parte del Gobierno. Santistevan manifestó: "Lo que han hecho es un daño irreparable para Santa Cruz".

El abogado defendió la movilización del 2022, argumentando que su objetivo era la defensa de derechos fundamentales, tales como la distribución equitativa de recursos y la representación política. En este contexto, Santistevan subrayó que el Censo era crucial para garantizar recursos destinados a áreas como salud y educación, así como para asegurar una representación parlamentaria justa entre los departamentos.

A pesar de las acusaciones que incluían cargos de terrorismo y alzamiento armado, Santistevan subrayó que ninguno de los cinco acusados tuvo la oportunidad de enfrentar un juicio en el cual se pudieran presentar y debatir las pruebas ante un tribunal. Esto, según él, ha sido un obstáculo significativo para su defensa.

El paro comenzó el 22 de octubre de 2022 y se prolongó hasta el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando se alcanzó un acuerdo que garantizaba la realización del Censo para 2024 mediante una ley. Santistevan concluyó que la falta de resolución judicial durante este tiempo imposibilitó que los acusados pudieran defender sus derechos de manera efectiva.