POLÍTICA El Gobierno implementa intervención extraordinaria en YPFB
El Gobierno boliviano ha decidido intervenir, de manera temporal, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo inicial que puede alcanzar hasta 180 días. Esta medida responde a las falencias en las operaciones de la empresa y busca optimizar la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
La intervención está regulada por el Decreto Supremo 5697, que fue promulgado el 1 de septiembre. Este decreto también establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, que será responsable de supervisar y evaluar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.
El período de intervención puede extenderse excepcionalmente una vez por hasta 90 días más, si persisten las condiciones que motivaron esta decisión. Sin embargo, la intervención podría concluir antes de los 180 días si se logran resolver las problemáticas que llevaron a su implementación.
La decisión de intervenir YPFB se basa en las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", las cuales representan un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país.
La nueva comisión estará conformada por los ministros o sus representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Sus responsabilidades se centrarán en áreas como la comercialización y trazabilidad de los combustibles.
Entre los objetivos de la comisión se encuentra la recomendación de auditorías técnicas para detectar irregularidades como contrabando y desvío de combustibles. También se evaluará la gestión de personal y se pueden recomendar cambios en el equipo de YPFB.
El decreto destaca que el personal de YPFB deberá colaborar proporcionando información a la comisión, y el incumplimiento de esta obligación podría acarrear responsabilidades tanto administrativas como penales. Además, se subraya que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General, ya que se financiará con los presupuestos de las instituciones que participen en la comisión.
