La necesidad de homologar en el mercado de carbono de Bolivia

Bolivia ha establecido un marco regulatorio que permite el desarrollo del mercado de carbono. No obstante, los inversionistas enfrentan dudas sobre la seguridad jurídica al comercializar créditos de carbono certificados por entidades como Verra o Gold Standard, lo que indica que aún es necesaria una regulación más precisa.

En menos de dos años, el país ha superado un obstáculo significativo que limitó el diálogo sobre bonos de carbono durante más de diez años: la prohibición de mercantilizar funciones ambientales que contenía la Ley No. 300. La Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0040/2024 y el Decreto Supremo No. 5264, junto con la Ley No. 1613, han permitido la creación de una estructura institucional para gestionar este mercado, incluyendo el Registro Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Sin embargo, aún falta definir claramente el tratamiento de créditos privados certificados a nivel internacional.

Homologación: el paso pendiente para la inversión

La falta de un mecanismo claro de homologación genera incertidumbre para los inversionistas. Los créditos de carbono provenientes de proyectos bolivianos que ya están certificados según estándares internacionales no cuentan con una vía adecuada para su reconocimiento en el país, lo que podría desincentivar la compra de estos créditos.

• Reconocimiento de estándares internacionales
• Registro y comercialización sin recertificación estatal
• Claridad en la titularidad de los créditos

La homologación permitiría que el Estado no tuviera que certificar cada proyecto individualmente, sino que validaría estándares ya reconocidos, facilitando así su registro y comercialización en el país. Este enfoque ha resultado exitoso en otros países que han atraído inversión en el mercado de carbono.

Ejemplos de países como Colombia y Paraguay muestran que es posible implementar sistemas en los que el Estado no actúa como negociador, sino que se encarga de regular y registrar, permitiendo que las transacciones se realicen entre partes privadas. Este modelo podría ser un camino viable para que Bolivia desarrolle su mercado de carbono de manera efectiva.

Sin un mecanismo de homologación, Bolivia podría perder competitividad en el mercado de carbono frente a jurisdicciones que ya han establecido normas claras para los inversionistas. La creación de un marco que garantice la seguridad jurídica y reconozca los estándares internacionales es esencial para atraer capital y fomentar el desarrollo sostenible en el país.