Gobierno evalúa acciones ante protestas por precio del diésel y caso Cerimedo

En la reunión de gabinete del lunes, el presidente Rodrigo Paz convocó a sus ministros y al equipo jurídico para discutir dos temas cruciales: las acciones legales relacionadas con Fernando Cerimedo y las protestas contra el Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado de diésel para grandes consumidores.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, informó que el equipo jurídico del Gobierno está evaluando las posibles acciones que se tomarán, aunque aún no se han alcanzado definiciones sobre estos asuntos.

Fernando Cerimedo, un consultor argentino que ha asesorado al presidente Paz, ha estado en detención preventiva por 180 días en Palmasola, bajo la acusación de ser el presunto autor intelectual de un intento de feminicidio contra Nadia Beller. También enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, aunque aún no se ha presentado una imputación formal en su contra.

El segundo tema tratado en la reunión es la controversia en torno al Decreto Supremo 5676, que ha elevado el precio del diésel a Bs 18 por litro para grandes consumidores, mientras que los demás usuarios mantendrán un costo de Bs 9,80. El Gobierno justifica esta decisión como una medida para combatir el contrabando y mejorar el abastecimiento, sin embargo, los productores han señalado que el aumento podría repercutir en los precios de los alimentos.

Productores de sectores como San Juan y Yapacaní han dado un plazo de 24 horas para la derogación de la norma, mientras que representantes de cuatro provincias del norte cruceño han fijado un plazo de 48 horas. Si no obtienen respuestas, han anunciado la implementación de nuevas medidas a partir de este martes.

La Cámara Agropecuaria del Oriente ha convocado un congreso extraordinario para el 27 de este mes en Warnes, donde se discutirá exclusivamente la exigencia de abrogar el decreto. Klaus Frerking, presidente de la cámara, ha calificado esta normativa como "discriminatoria".

El diputado Edgar Zegarra, del partido Libre, ha advertido que el Gobierno podría estar enfrentando una situación crítica y ha solicitado un diálogo abierto con todos los sectores para evitar un agravamiento del conflicto.