Sectores productivos exigen revocación del decreto de aumento del diésel

La tensión entre el Gobierno y diversos sectores productivos en Bolivia se intensifica a medida que se acerca la finalización del Estado de Excepción. En particular, el aumento del precio del diésel ha generado un fuerte rechazo, llevando a al menos nueve sectores a exigir la anulación del decreto que establece el incremento de este combustible.

Campesinos de las provincias cruceñas de Warnes, Santistevan, Sara e Ichilo se reunieron recientemente, donde decidieron otorgar un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, que entró en vigencia el 16 de agosto. En su declaración, los representantes de estas provincias argumentan que esta norma afecta gravemente al sector agroproductivo y a la economía nacional.

Por su parte, los productores de San Juan también llevaron a cabo una marcha hacia Santa Fe, exigiendo la revocación del decreto en un plazo de 24 horas. Estas organizaciones sociales y productivas de Yapacaní han decidido unirse a la protesta y advierten sobre la posibilidad de implementar medidas más contundentes si sus demandas no son escuchadas.

El 17 de agosto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) criticó el carácter improvisado y discriminatorio del Decreto Supremo 5676. Klaus Frerking, presidente de la CAO, indicó que si la norma hubiera sido socializada adecuadamente, no habría generado la oposición casi unánime del aparato productivo nacional. También alertó que el aumento en los costos de producción repercutirá en los precios de los productos de la canasta familiar.

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), que reúne a productores de los nueve departamentos del país, también se manifestó en contra del decreto, afirmando que las medidas tomadas hasta ahora no han aliviado el impacto negativo que este incremento genera en la producción. En su comunicado, expusieron que no reciben apoyo suficiente para mitigar estos efectos adversos.

Los transportistas también se han unido a las protestas. Lucio Gómez, líder de la Confederación de Choferes de Bolivia, anunció que el sector se encuentra en estado de emergencia y convocará a una reunión nacional para discutir las acciones a seguir. Además, resaltó la importancia del diésel para el transporte y su impacto en el cumplimiento de las obligaciones financieras del sector.

Los arroceros y cañeros también se han adherido al rechazo del decreto. David Pérez, un productor arrocero, calificó de injusto que ciertos sectores obtengan beneficios mientras otros quedan excluidos. Por su parte, Alcides Córdova, presidente de Concabol, denunció una crisis crítica en el sector cañero debido a problemas de liquidez y costos de producción elevados, exacerbados por el nuevo decreto.

Finalmente, campesinos del trópico de Cochabamba, afines a Evo Morales, también expresaron su desacuerdo con la eliminación de subsidios a grandes consumidores y la congelación de precios de combustible hasta el 2027. Se prevé que, si no se atienden las demandas, las movilizaciones y protestas se intensifiquen en las próximas horas.