Creciente amenaza del crimen organizado tras recientes homicidios en Bolivia

El abogado penalista Cristian Sánchez y el coronel Rubén Barrientos, exdirector de la FELCC, advierten sobre el aumento del poder del crimen organizado en Bolivia, señalando un preocupante debilitamiento del control del Estado en áreas clave del país.

Sánchez enfatiza que el asesinato del policía que investigaba el caso en San Matías es un indicativo serio del poder que han alcanzado estos grupos delictivos. "Es una afrenta directa al Estado, que se suma a la muerte de un magistrado, lo que refleja la incapacidad del Estado para llevar a cabo investigaciones efectivas y la creciente sensación de inseguridad entre la población", explicó.

En relación al crimen ocurrido en Yapacaní, el abogado destacó que se trató de un acto con una clara intención de enviar un mensaje a los miembros de la organización criminal. Resaltó que la ejecución del crimen fue planificada, buscando disuadir a aquellos que pudieran traicionar a la banda.

Sánchez también subrayó que la facilidad con la que los delincuentes llevaron a cabo estos actos sugiere serias limitaciones en las capacidades institucionales para investigar y sancionar a los responsables. "Si los criminales pueden actuar con tanta impunidad, es porque perciben que el Estado no tiene la capacidad para hacer justicia", afirmó.

Por su parte, Barrientos apuntó que los incidentes en San Matías son una clara declaración de desafío hacia la policía, evidenciando la audacia del crimen organizado. "La muerte del oficial de policía refleja que estos grupos no temen a las fuerzas del orden", sostuvo.

En cuanto al doble homicidio en Yapacaní, el exdirector de la FELCC comentó que el mensaje simbólico dejado junto a las víctimas está diseñado para infundir miedo tanto en rivales como en miembros de su propia organización. "Estos actos buscan disciplinar y marcar las pautas de operación dentro del grupo", añadió.

Finalmente, Sánchez concluyó que el panorama judicial es desalentador, con un alarmante 98% de los casos de los últimos cinco años sin procesar, lo que sugiere que es probable que muchos de estos crímenes queden sin sanción. Esta situación alimenta la percepción de impunidad que rodea a la violencia en el país.