Gobernación de Santa Cruz urge solución para importar diésel para el agro

La Gobernación de Santa Cruz ha subrayado la urgencia de obtener alrededor de cuatro millones de litros de diésel para evitar que la producción agrícola se detenga. Rolando Schrupp, representante del Gobierno departamental, aclaró que la problemática no radica en la escasez del producto o en la capacidad de distribución, sino en las restricciones legales que impiden el acceso al combustible.

Durante una entrevista en el programa ON- Otra Noche con Sissi, Schrupp destacó que el sector agropecuario es crucial para el abastecimiento de alimentos en el país y que una falta de diésel podría tener repercusiones significativas. "El agro necesita actualmente cuatro millones de litros de diésel para mantener su producción, la cual es esencial para nuestra alimentación", afirmó el vocero.

La Gobernación busca utilizar su autonomía para convertirse en un facilitador en la cadena de importación y distribución de combustibles, estableciendo alianzas con empresas privadas. Esta iniciativa surge tras el anuncio del gobernador Juan Pablo Velasco sobre un acuerdo con una firma internacional para la importación y comercialización de combustibles a precios internacionales, sin subsidios.

"La infraestructura necesaria ya está disponible", aseguró Schrupp, añadiendo que los surtidores tienen la capacidad de comercializar diésel, aunque carecen del producto. Lo que se busca no es que la Gobernación gestione nuevos surtidores, sino que actúe como un ente facilitador entre importadores, distribuidores y consumidores.

Uno de los principales retos que enfrenta esta propuesta es la necesidad de un decreto que otorga el marco legal adecuado para implementar las competencias autonómicas. Schrupp hizo un llamado al presidente Rodrigo Paz Pereira para que se emita dicha normativa que permitiría a la Gobernación operar sin las limitaciones actuales.

El vocero también cuestionó las diferencias de precios en el mercado, donde el diésel puede costar hasta Bs 17 por litro en algunos lugares, mientras que en surtidores está a alrededor de Bs 10. Este desbalance fomenta el mercado ilegal, lo que dificulta aún más el acceso al combustible para pequeños productores y comunidades.

De acuerdo con Schrupp, es urgente actuar, ya que las cosechas no pueden esperar hasta 2027. La Gobernación ya está trabajando en la estructura legal y mantiene diálogos con proveedores, con el objetivo de socializar la propuesta con la ciudadanía y avanzar en negociaciones con las autoridades nacionales. Aunque el enfoque inicial es el sector agropecuario, se espera que cualquier solución beneficie a otros sectores económicos.

"La paralización del agro no solo afectaría los ingresos de los productores, sino que pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país", advirtió Schrupp, resaltando la importancia de actuar rápidamente para evitar una crisis más profunda.