POLÍTICA Jhonny Fernández se defiende de acusaciones en su audiencia cautelar
En su audiencia cautelar, el ex alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, rechazó las acusaciones de malversación que lo involucran en la desaparición de Bs 191 millones. Según Fernández, estos recursos fueron utilizados para saldar obligaciones y atender emergencias, como el manejo de basura y gastos en el sector salud.
Fernández, que previamente había optado por no declarar ante la Fiscalía, expuso que la crisis económica y el aumento en los costos de construcción provocaron la interrupción de obras en su gestión. Afirmó que esto no se debe a un desvío de fondos, como se ha insinuado.
Defensa de Jhonny Fernández ante la jueza
Durante la audiencia, el ex alcalde reiteró que "aquí nadie se ha robado un peso". Enfatizó que los créditos municipales estaban destinados a diversas obligaciones de la Alcaldía, como el pago de sueldos y la compra de insumos para el sector salud, lo cual consideró vital para mantener servicios esenciales.
Fernández citó el caso de un viaducto cuya ejecución enfrentó múltiples intentos de licitación hasta que finalmente se logró adjudicar a una empresa bajo condiciones modificadas. Argumentó que su administración tuvo que tomar decisiones difíciles entre demandar a las empresas incumplidoras o buscar acuerdos para continuar con los trabajos.
El ex alcalde también cuestionó la motivación política detrás de su proceso judicial y lamentó el impacto que tuvo en su imagen y en su familia las declaraciones de diversas autoridades que lo han responsabilizado públicamente. Anunció su intención de considerar acciones legales por lo que considera una campaña de desprestigio.
La Fiscalía, por su parte, ha solicitado 180 días de detención preventiva para Fernández tras su aprehensión, argumentando la necesidad de asegurar el curso de la investigación. La jueza Ana Gloria Rojas deberá evaluar tanto los argumentos de la Fiscalía como la defensa del ex alcalde antes de decidir sobre su situación.
Con este caso, se busca esclarecer el destino de los recursos municipales asignados a 17 proyectos que no fueron finalizados, lo que genera incertidumbre sobre la gestión administrativa durante la administración de Fernández.
Este complejo escenario judicial pone de relieve no solo la situación personal de Fernández, sino también las dificultades que enfrentan las administraciones municipales en el contexto de una economía en crisis.