Aumento de sicariatos en Bolivia tras la captura de Marset

Carlos Romero, exministro de Gobierno, ha indicado que desde la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, se han registrado 35 homicidios violentos en Bolivia, de los cuales el 80% se presentan en Santa Cruz, reflejando una creciente ola de violencia asociada a la lucha por el control territorial entre grupos criminales.

Según Romero, de los 35 asesinatos contabilizados este año, los tres casos de sicariato se dieron en el primer semestre, mientras que el resto ocurrió en el segundo semestre, que aún está en curso. Esto sugiere un incremento significativo en la violencia en los últimos meses.

Fragmentación y pugnas de poder

El exministro planteó que la violencia observada podría ser resultado de la fragmentación de la organización de Marset, lo que ha llevado a un enfrentamiento interno dentro del Primer Comando de la Capital (PCC), así como una competencia con el Comando Vermelho, otro grupo brasileño que busca expandir su influencia en la región.

Los recientes incidentes violentos en localidades como San Ignacio y San Matías estarían directamente relacionados con estas luchas de poder, además de que en Santa Cruz de la Sierra, los hechos pueden involucrar ajustes de cuentas o eliminación de testigos entre facciones criminales.

Perfil de las víctimas

De acuerdo a los datos proporcionados, el 60% de los asesinatos tienen como víctimas a bolivianos, mientras que el 40% son ciudadanos brasileños. Además, las estadísticas revelan que el 25% de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 25 años, el 55% se encuentra en el rango de 25 a 40 años, y el resto supera los 45 años.

Romero destacó que los más jóvenes suelen desempeñar funciones logísticas dentro de estas bandas, mientras que los adultos jóvenes se encargan de la seguridad y gestión de rutas, y los mayores generalmente actúan como líderes de las organizaciones.

El exministro concluyó que la violencia no puede ser entendida únicamente a partir de la captura de Marset, ya que la situación en Bolivia muestra un panorama complejo de actividades ilegales, donde la lucha por el control de rutas y territorios estratégicos alimenta los conflictos entre grupos delictivos.