Consejo de la Magistratura inicia acciones legales contra funcionario detenido con Bs 3,5 millones

El Consejo de la Magistratura en Santa Cruz ha emprendido acciones tanto penales como disciplinarias contra un oficial de diligencia de un juzgado público civil y comercial. Este funcionario fue detenido en una ambulancia en posesión de Bs 3,5 millones que estarían vinculados al fallecido fiscal departamental Roger Mariaca.

Junto al dinero, el detenido también tenía un expediente judicial, lo que ha llevado a que se inicien nuevas acciones legales en su contra por posibles incumplimientos de deberes y la supresión o destrucción de documentos, entre otras responsabilidades que se determinarán durante la investigación.

El encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio J. Arredondo Cacho, explicó que el oficial fue nombrado mediante una resolución de Sala Plena el 14 de enero de 2026, aunque subrayó que el Consejo no fue el responsable de su designación, sino que esta fue realizada por el Tribunal.

El informe de la Unidad de Transparencia, que fue recibido el 8 de octubre, recomienda la apertura de procesos penales contra el funcionario por incumplimiento de deberes y por causarle un daño económico al Estado, argumentando que los expedientes judiciales deben ser resguardados dentro de la institución judicial.

El Consejo de la Magistratura también ha decidido activar el procedimiento disciplinario correspondiente, dado que el funcionario se encuentra detenido y no puede ejercer sus funciones. Se espera que se establezcan las responsabilidades y, de ser necesario, avanzar hacia su destitución.

"Estamos haciendo el alta correspondiente para que nosotros iniciemos los procesos disciplinarios correspondientes para su destitución", concluyó Arredondo.

Se desconoce si el funcionario tiene algún vínculo con la exautoridad, pero el Consejo de la Magistratura se ha comprometido a actuar dentro de su ámbito de competencia para asegurar el cumplimiento de la ley y la transparencia en el sistema judicial.

Este incidente destaca la importancia de la custodia de la documentación judicial y la necesidad de mantener la integridad del sistema judicial en el país, especialmente ante situaciones que pueden comprometer la confianza pública.